San José (nacion.com). La Presidenta de la República Laura Chinchilla bajó el tono en la defensa del “software” libre.

El “software” libre es aquel que se puede usar, copiar, mejorar y redistribuir sin limitaciones. Su contraparte es el “software” privado o propietario, que no permite estas libertades.

Mientras el sistema operativo Ubuntu y el paquete OpenOffice se inscriben dentro del primer grupo, el Windows y el Office de Microsoft son parte del segundo.

Mientras en el 2003, siendo diputada, Chinchilla había presentado un proyecto de ley para que el Estado prefiriese el “software” libre sobre el “software” privado, este jueves Chinchilla dijo que “lo importantes es ser consecuentes con el principio de neutralidad tecnológica” (que implica que el Estado no defenderá ni atacará ningún tipo de tecnología).

Chinchilla respondió así a una consulta realizada por un ciudadano mediante una nueva dinámica en la cual las personas envían preguntas a la presidenta y ella responde con videos en el sitio YouTube.

“Lo importante es suscribir los lineamientos que se promovieron en la Cumbre Mundial de la Información en el año 2003, que básicamente abogan porque las sociedades promuevan el acceso a múltiples tipos de tecnología”, comentó la Presidenta.

No obstante, Chinchilla volvió sí destacó el papel que tuvo el “software” libre en la creación del nuevo portal cibernético de la Casa Presidencial.

“Desde el punto de vista de acceso al código fuente y disminuir costos el ‘software’ libre es una excelente alternativa. Por eso es que aquí en la Casa Presidencial la página web la hemos construido a partir de un ‘software’ abierto y estaremos promoviendo diversas aplicaciones utilizando ‘software’ libre no solamente en la Presidencia, sino también en otras instituciones del Estado”, comentó.

No obstante, aclaró que no se obligará a ninguna institución a implementar esta tecnología.

“No vamos a obligar a las instituciones del Estado a adoptar ‘software’ libre o propietario sino que estaremos respetando las decisiones tecnológicas que más se adecúen a la aplicación que se quiera llevar para resolver una solución determinada”, explicó.

Según cálculos de la misma Chinchilla, solo entre el 2003 y el 2004 el Gobierno gastó ¢5.000 millones en licencias para poder operar programas informáticos privados.

“Así como se considera el ‘software’ libre, hay que analizar otro tipo de tecnologías, pero que no vengan a decir algunos señores que representan la industria del ‘software’ propietario que en Costa Rica ha habido neutralidad tecnológica y que este proyecto la viene a violentar”, había dicho la entonces diputada al defender su proyecto de ley, que no prosperó y fue archivado posteriormente.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Legislativa dictaminó afirmativamente hace poco menos de un año un proyecto de ley para que el Estado costarricense utilice “software” libre en sus sistemas de cómputo.

El proyecto está inspirado en la iniciativa de Chinchilla del 2003, pero elimina la elección del “software” libre como opción y la cataloga como una obligación.

El proyecto de ley dice textualmente que “todas las instituciones y empresas del Estado emplearán ‘software’ libre en sus diferentes opciones, en sus sistemas de información y en el manejo de los datos, garantizando el respeto a los derechos de la propiedad intelectual”.

El “software” privado solo se utilizaría como una excepción por motivos de incompatibilidad o ausencia de versiones libres.

En su respuesta, Chinchilla no se refirió a este proyecto de ley.